La ley de blanqueo de capitales se aprobó allá por el 2010 para tener un mayor control de operaciones con ventas superiores a 15.000 euros, en una o varias operaciones. A partir de ese momento se han ido introduciendo diversas modificaciones, pero ahora el Gobierno está preparando que nuevas actividades profesionales se vean afectadas por dicha ley contra el blanqueo de capitales.
Ayer fue remitida al Consejo de Ministros el informe con el anteproyecto que reforzará las medidas contra el blanqueo. Se trata de adaptar la ley al marco europeo y cumplir con las novedades de la V Directiva de Blanqueo. Se añadirán como obligados a los que se aplicará la ley los que intermedien en alquileres de renta mensual superior a 10.000 euros, pero también a las plataformas de crowfunding.
Además con el objetivo de facilitar la denuncia, las entidades obligadas deberán crear mecanismos internos de denuncia. Otra vez aquí la administración traslada su labor de supervisión a las empresas, no solo bancos, sino también profesionales como asesores, contables o abogados. Por su parte la administración creará un sistema para recibir y canalizar dichas denuncias.
La propuesta también incluye un registro de prestadores de servicios a sociedades, donde se deberán inscribir las actividades dedicadas a la creación de sociedades para terceros o cesiones de domicilio, por ejemplo. Más carga administrativa para las afectadas.
Y por supuesto como no podía ser de otra forma, el régimen sancionador se endurece. En los casos más graves se pasa de multas del 5 por 100 del patrimonio neto de la entidad al 100 por 100 del volumen de negocio consolidado del grupo.
Todavía se pueden esperar algunas modificaciones cuando el texto sea aprobado definitivamente, pero lo cierto es que no son buenas noticias, especialmente para un sector como el del crowfunding, donde las trabas para salir adelante desde el primer momento han sido notables. No solo no se fomenta, sino que cada ley que se publica, supone una nueva piedra en el camino.