La desprotección, la dejadez de algunas empresas y la falta de información institucional está complicando la situación de los trabajadores económicamente dependientes, conocidos como «trades», que en los últimos meses han denunciado una campaña de acoso por parte de Inspección de Trabajo, que está multando a las empresas que les tienen en sus plantillas a pesar de que cumplen con las condiciones legales para serlo. Es decir, está haciendo tabla rasa entre los «trades» legales y los falsos autónomos.
Las sanciones económicas pueden alcanzar hasta los 600.000 euros, cuantías muy elevadas que están provocando que estas empresas se vean obligadas a inscribirlos como trabajadores por cuenta ajena.
Eduardo Abad, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ha denunciado que miles de «trades», que se dedican sobre todo al marketing directo, podrían «perder su situación laboral porque el Ministerio de Trabajo pervierte la ley en su beneficio».
Muchas empresas que están siendo multadas están convirtiendo a estos autónomos en trabajadores con contrato, pese a que cumplen con las condiciones para ser «trade», como por ejemplo trabajadores del sector del transporte ligero, que ven peligrar sus puestos de trabajo.
El «trade» es aquel trabajador que realiza su actividad económica o profesional para una empresa o cliente, del que percibe al menos el 75% de sus ingresos, y que en lugar de ser contratado como empleado por cuenta ajena, contrata sus servicios por cuenta propia, evitando al empresario los gastos que le supondrían los seguros sociales derivados de la realización de un contrato laboral. De ahí la controversia de esta figura, que puede ser asociada a los llamados falsos autónomos. Sin embargo, los «trades» que cumplen con los requisitos para serlo quieren seguir siéndolo porque perciben sueldos muy superiores a los que puedan recibir siendo trabajadores por cuenta ajena, además de por la libertad horaria y la flexibilidad del trabajo. Hasta 1.800 euros netos puede ganar un «trade» en su puesto, por ejemplo de marketing directo, sueldo muy por encima de lo que marca la tabla salarial del convenio colectivo del sector, que apenas superaría los 900 euros, por lo que su situación laboral empeoraría.
«No son falsos autónomos. Es una figura que está perfectamente regulada y la Inspección de Trabajo se está equivocando y perjudicando sus intereses económicos. No estamos en contra de que se persiga a aquellos que pervierten la ley y el sistema y actúan como falsos autónomos, pero también pedimos que no se persiga a los que sí que la cumplen escrupulosamente», señaló el presidente de UPTA.
Según datos oficiales, tan solo 10.250 trabajadores autónomos económicamente dependientes están inscritos de forma oficial en el Registro del Servicio Público de Empleo (SEPE), apenas un 4%. Sin embargo, la Encuesta de Población Activa (EPA) destapa que en realidad son unos 260.000 los que desarrollan esta actividad profesional.